El denominado Proyecto Estratégico Multipropósito Río Ranchería, una mega obra destinada al abastecimiento de agua con miras al favorecimiento de nueve municipios del departamento de la Guajira, cumple ya 12 años desde que se inició. El objetivo de la construcción pretendía llevar agua a más de 354.000 habitantes además de las más de 18.000 hectáreas agrícolas para su adecuado riego y el correcto funcionamiento de la hidroeléctrica que brinda energía a más de 3.000 hogares en el departamento.
Los costos de la obra sobrepasan los $650 mil millones y ya con siete años desde la terminación de su primera etapa, la mega construcción no está cumpliendo con ninguno de los propósitos para los que fue construida, mientras tenemos que ser testigos de cómo la Guajira sigue con una intensa y profunda problemática alrededor de la escasez del agua, alimentos y multiplicidad de enfermedades generadas alrededor de las sequías continuas y mal manejos de las aguas.
Según información de la Contraloría General en auditoría hecha al Incoder, que era la entidad encargada de dirigir el desarrollo de la obra y que hoy en día se encuentra liquidada por corrupción, se encontró cómo las construcciones alcanzadas en el año 2010 fueron la presa ubicada en El Cercado y las líneas que dirigían el riego a San Juan y Ranchería. En vista de lo anterior, al revisar si se cumplía la función, se encontró que lo único que la primera fase de la obra estaba haciendo era realizar una regulación a la fuerza del agua del río y en ningún momento surte de agua algún acueducto, ni tiene como destino ningún punto de distribución para el riego ni la hidroeléctrica.
Además el hecho de la no ejecución de las obras y la demora en las mismas ha generado una exorbitante suma de gastos innecesarios, como lo son la contratación de seguridad y mantenimiento de instalaciones y la maquinaria, que han generado gastos de más de $34 mil millones, invertidos en una obra que no está realizando el debido aprovechamiento de más de 200 millones de metros cúbicos de agua.
Agregado a esto, el Incoder firmó en el año 2015 contratos para el mantenimiento de la represa con el Consorcio Etha, el costo de esto fue de más de $10 mil millones, dicho contrato fue extendido hasta diciembre del 2016 teniendo en cuenta el hecho que se le han adicionado recursos en dos ocasiones. La Agencia de Desarrollo Rural, que es la entidad encargada de remplazar el Incoder, firmó la última de estas en junio de 2016, lo cual generó un nuevo gasto por más de $2.300 millones.
Como si fuera poco la evidente corrupción, toda la contratación ha fijado el reconocimiento de gabelas como el 8% con cada gasto reembolsable a favor de los contratistas, lo que ha llevado a que estos tengan una ganancia de casi 1.000 millones de pesos, una suma absurda por una obra inútil.
Una de las grandes preocupaciones sobre la obra, es la dilación en su ejecución que aún se visualiza como indefinida lo que puede generar gastos innecesarios constantes, que no están cumpliendo una función esencial con el agua de un departamento con una crisis humanitaria generada por la falta del preciado liquido, mientras los contratistas siguen generando dinero y los entes de control manejando el presupuesto con corrupción. fuente: eltiempo.com.
