Hasta la corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la Organización de Estados Americanos -OEA- acudirán a las respectivas Comisiones los presidentes de las altas Cámaras, Rodrigo Lara, del partido Cambio Radical, presidente de la Cámara; y Efraín Cepeda, del partido Conservador, presidente del Senado, con el objetivo de presentar solicitud para que se logre preservar la autonomía parlamentaria que se garantiza constitucionalmente y para que se conserve la legitimidad de la división de poderes en Colombia.
Esto apoyados en los fallos judiciales dictados por el Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, otorgando razón al gobierno en la creación de las circunscripciones especiales para la paz y se diera su aprobación legislativa.
En las pretensiones que presentarán los presidentes de las altas Cámaras, serán las medidas cautelares para la protección de los congresistas, que han conservado una posición de apoyo a “la integridad del Estado de derecho frente al asedio judicial, sufrido por el Congreso” como consecuencia de las sonadas discusiones sobre las circunscripciones de paz.
De la misma forma, a través de los organismos de la OEA, solicitarán la aplicación de la carta democrática, hecha para comandar en los Estados Americanos, y con la que se pretende evitar se violente la autonomía y la inmunidad eventual del Congreso a través del poder judicial y las pretensiones que puedan presentar los interesados.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, deberá ser el encargado de recepcionar la solicitud formal y realizar los tramites pertinentes para aplicación de solicitudes.
Como medida agregada de esto, ya se pasó propuesta al gobierno para que de celeridad a la situación y se logre asegurar en marzo la aplicación de representaciones para las víctimas en las 16 regiones previamente determinadas por su afectación.
No de acuerdo con esto, el ministro del interior Guillermo Rivera, expresó a través de su cuenta de Twitter que son las víctimas quienes se deben en cargar de realizar todas estas peticiones hechas por los parlamentarios, y que el Presidente del Congreso tiene el deber de garantizar dichos derechos a los que se pretenden acceder
El Ministro mantiene una oposición ante dicha situación, pues considera que las curules aprobadas no serán para las verdaderas víctimas sino para desmovilizados de las Farc, y que con esto no esto no se garantizará los derechos reales ni participación de quienes deben ser.
