Tras las denuncias presentadas por el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, sobre las presuntas irregularidades presentes en las aprobaciones hechas por el concejo y el alcalde de Bogotá, la Fiscalía abrió investigación formal y comenzó las inspecciones pertinentes sobre los recintos de los involucrados, para determinar si existe o no las falencias aducidas por el congresista.
El ente investigador procedió con inspecciones judiciales ante el Concejo de Bogotá, con la pretensión de examinar las vigencias futuras que han sido aprobadas en la administración capitalina, bajo el mandato de Enrique Peñalosa y el actual consejo, sobre lo concerniente al Metro de Bogotá.
La denuncia fue instaurada en contra de Peñalosa y 28 miembros del concejo capitalino que estarían directamente relacionados con el desarrollo de esta obra.
Además de esto, también fue involucrado Juan Pablo Bocarejo Suescún, actual Secretario de Movilidad, el cual sería señalado de incurrir en el delito de prevaricato.
Las inspecciones ordenadas sobre el proceso, que fue asumido por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, tienen la finalidad de recolección de elementos materiales probatorios documentales, en donde se haya pactado la aprobación de las vigencias futuras con las que se determinó la financiación del Metro.
En la diligencia se buscaba comprobar el soporte existente en el desarrollo de la primera línea del Metro y la financiación determinada para la ejecución de esta, de la mano de la alcaldía y el concejo.
El sustento para la denuncia tiene trasfondo en la aprobación por parte de dicha corporación a las vigencias futuras referidas, y la posterior labor de la alcaldía bogotana sancionando dicha aprobación. Estas vigencias tendrían una proyección de 19 años, teniendo inicio en el 2017, hasta el 2036; en ellas se garantiza el dinero para financiar la línea del Metro capitalino, que hasta el momento no tiene ningún inicio de obra ni anuncio relacionado. Fuente consultada:
