Hace unos días viene difundiéndose una noticia del 2017 con el titulo de: “‘Reelección de Uribe fue comprada’, confiesan ante la JEP“, del portal DW. Por lo tanto, hemos decidido aclara qué pasó con ese caso.
Este hecho se conoció gracias a la confesión en 2017 del ex ministro uribista, Diego Palacio, sobre los sobornos que se recibieron para financiar la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Palacio que fue encargado del Ministerio de Protección Social durante el mandato del ahora senador del Centro Democrático, pidió ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz en el 2017, en razón a su condena ya dictada en el año 2015 por el delito de cohecho.
En su momento, fue la Corte Suprema de Justicia la que sentenció a Diego por los recibimientos de dádivas para la financiación de la campaña reeleccionista de Uribe. Según reveló el año pasado el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, el exministro quiso someterse a la jurisdicción derivada de los acuerdos de paz.
Dicha solicitud fue denegada por el Juzgado 29 de Ejecución de Penas de Bogotá, ya que estaba pidiendo su libertad tras tratar de acogerse a la JEP. Este órgano la negó porque el delito por el que fue condenado, no tenía nada que ver con el conflicto armado. En ese sentido, interpuso un incidente de desacato contra el Tribunal ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los cuales respondieron en su momento que:
“La orden emitida por el fallo de tutela fue debidamente acatada por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá (…) al no encontrar admisible la negación de una de las tales prerrogativas con ocasión de un estudio limitado “de las conclusiones expuestas en la sentencia de condena y las demás piezas procesales como pruebas y alegatos de las partes, sin contextualizarlos con la situación por la que la Nación atravesaba (…) equivale una interpretación sesgada que no guarda coherencia (…) es un hecho incuestionable la situación de conflicto que vivía el país para aquella época y los esfuerzos del gobierno entonces para luchar contra las Farc y por lo tanto de mantenerse en el poder para dar continuidad a su plan de desarrollo (…) analizada de manera contextualizada la conducta cometida tampoco se haya vínculo entre el punible de cohecho por dar ofrecer y el conflicto armado interno”.
Según informó el secretario de la JEP, Palacio admitió que los dineros de sobornos fueron desembolsados a favor de Uribe como estrategia para que el Gobierno pudiera seguir haciendo la guerra contra las Farc, situación que resultó terminándose con la llegada del acuerdo de paz de la mano del actual presidente Santos.
La investigación contra el exministro se generó por la condenada contra la excongresista Yidis Medina, quien fue juzgada por la venta de su voto para la aprobación de la reelección de Álvaro Uribe; la coima recibida por Medina, sería el nombramiento del gerente de una Empresa Social del Estado en Barrancabermeja, entregada precisamente por Diego Palacio, lo que terminó llevándolo a su condena en 2015.
Curiosamente, como resulta común en el uribismo, Palacio en su momento se declaró como un perseguido político, exigiendo otra instancia de juzgamiento e inclusive instancias internacionales para revisión; no obstante, en el 2017 prefirió acogerse a la JEP (pero como explicamos, la solicitud fue rechazada), insinuando una aceptación de los delitos por los que se les condenó, es decir, aceptando la existencia de sobornos para la reelección de Uribe.
Este fue el primer ministro de Uribe que confesó algo de tal calibre, reiterando además que la intención era darle continuidad a los ataques contra las Farc de la mano de Álvaro Uribe Vélez y su “seguridad democrática”. Así las cosas, al someterse a la JEP, Palacio tenía que confesar todo sobre los sobornos referidos en su condena, lo que podría directamente involucrar al expresidente, pero no se pudo.
En consecuencia, para el primero de marzo del 2018, el juez 29 de ejecución de penas de Bogotá le entregó su boleta de libertad, después que haya logrado reducir su condena de 80 meses de prisión, en 7 meses y 21 días. Esta fue otorgada porque dictó clases en la Escuela de Caballería del Ejército y trabajó, es decir, para la justicia tuvo un comportamiento “sobresaliente y ejemplar”.
Igualmente, le impusieron una caución de 5 salarios mínimos mensuales y debe firmar un acta de buen comportamiento por 31 meses y 20 días, contados desde que salió de prisión.
Fuentes consultadas: ElTiempo, LaWRadio, RcnRadio y DW.
