En búsqueda de obtener mayores garantías judiciales, el expresidente Álvaro Uribe a través de la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, presentaron solicitud de medidas cautelaras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para aplicarse dentro del proceso por la presunta manipulación de testigos en la que se encuentra encartado el político líder del Centro Democrático.
En el documento presentado se justifica la solicitud de medidas en la búsqueda de la “igualdad” y el acceso a la figura jurídica de la doble instancia, además de múltiples garantías a las que aducen tiene derecho el expresidente dentro del proceso en su contra.
El caso de presunta manipulación de testigos ha sido uno de los mayores escándalos para el senador tras la información revelada por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Ahora Uribe busca “salvaguardar” sus garantías como procesado ante la comunidad internacional.
Los abogados argumentaron la necesidad de garantizar “el principio de legalidad e imperio de la ley”, con lo que se busca que los encargados de desarrollar el proceso judicial, no tengan impedimento alguno para cumplir su funciones, trabajar con imparcialidad, competencia e independencia.
Entre las solicitudes referidas en la solicitud están las de: “interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse”.
Según los argumentos expuestos, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para proceder ante este caso, por lo que vulneran los derechos del expresidente al haber abierto investigación sin tener en cuenta “lo dispuesto en el acto legislativo 01 del 18 de enero de 2018″, en el que se establece una doble instancia para personas con un fuero constitucional.
Aprovechan igualmente para pedir garantías de labor para los abogados defensores, quienes solicitan las medidas necesarias que les permitan el adecuado proceder ante el caso que los reúne y el de sus apoderados, en este caso Uribe Vélez. Fuente consultadas: LaFm y Semana.
La CIDH en el caso Petro dijo en su momento lo siguiente:
“La Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011 (…) La Comisión también solicita al Gobierno que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la siguiente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”, aseguró a través de un comunicado.
