Dentro de las investigaciones establecidas por las autoridades sobre los recientes homicidios cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el procurador General, Fernando Carrillo, anunció la apertura de indagación sobre miembros de la Fuerza Pública por su posible vinculación con bandas criminales para la ejecución de estos delitos.
Según explica Carrillo, existe la posibilidad que dentro de las organizaciones criminales, agentes del Estado estuviesen colaborando para cometer esta clase de delitos.
Por esta razón se ha convocado a la ciudadanía para que se hagan denuncias de cualquier irregularidad que noten en los funcionarios estatales, que los involucre con los crímenes contra los líderes; de igual forma a las autoridades municipales y departamentales, para que tomen responsabilidad en la protección de los defensores de derechos.
El procurador insistió en que esta situación no puede ser simplemente manejada desde los escritorios, sino que se necesita establecer comunicación con las comunidades, la cual ha sido la principal falencia ante los recientes crímenes en el país. Derivado de esto, anunció el fortalecimiento a la guardia indígena y las guardias de comunidades con entes de seguridad como la UNP.
Para la adopción y análisis de medidas dentro de la situación actual, se convocó una reunión de la Comisión de Garantías el pasado miércoles, donde se hizo una observación sobre las amenazas ocurridas contra líderes en todo el país y cómo ha sido el esquema de estas.
Los resultados investigativos de la Fiscalía muestran que de los homicidios cometidos en el país, 67 han sido en contra de exguerrilleros de las Farc, distribuidos en 32 durante el 2017 y 35 para el 2018; de estos, 29 fueron esclarecidos, y se ha determinado que a las personas que se les otorgó esquema de seguridad, no han sufrido algún atentado. En cuanto a los homicidios contra líderes sociales, de los 181 que han ocurrido en los últimos 3 años, sólo han logrado esclarecerse 89.
Por todos estos motivos el presidente Juan Manuel Santos explicó ocho medidas que se tomarán para evitar los crímenes contra líderes, entre los que está la intervención del Ministerio de Defensa en ocho departamentos durante un mes; los municipios designados para dicho proceder del ministerio serían: Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle, Risaralda, Córdoba, Chocó y Nariño, los cuales fueron determinados como las regiones con mayor urgencia respecto a la temática en cuestión. Fuente consultada: rcnradio.
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