A principios del mes de noviembre se conoció que el programa de alimentación escolar, conocido como “PAE”, se suspendería hasta el próximo año, dejando a miles de niños sin sus proteínas diarias en los centros educativos y otros sin el almuerzo, teniendo en cuenta que las personas que acceden a estos alimentos, son de escasos recursos que necesitan recibirlos. En ese sentido, uno de los que protestó fue el Gobernador de Antioquia porque le quitaron los recursos para seguir prestando este servicio.
Este martes se armó un escándalo a nivel nacional por las revelaciones de la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya, sobre dicho programa de alimentación, en donde encontró cientos de irregularidades que motivaron la denuncia pública realizada por esta entidad.
Según las revelaciones hechas a los medios de comunicación, se halló un desfalco de proporciones gigantes, toda vez que estaban cobrando los alimentos por un valor 10 veces más de lo que realmente se vende en el mercado, además, en otras ocasiones pasaban el reporte como adquirido el producto, pero no lo entregaban a los niños. Las regiones que más problemas han tenido son Cartagena, Amazonía y Magdalena, según rcnradio.
Comenzando por Cartagena, en donde se encontró que estaban comprando las pechugas de pollo a 40 mil pesos, lo cual se encuentra desproporcionado teniendo en cuenta el verdadero precio de este producto en el mercado. Igualmente, supuestamente, compraron más de 2 millones de piezas de pan, a un precio de 400 pesos, siendo que fácilmente se pueden conseguir a 200 pesos al por mayor, pero lo peor fue que la mayoría de estos alimentos nunca llegaron a los niños. Es más, en unas escuelas estaban comprando los huevos a 900 pesos.
En estos momentos le abrieron un proceso fiscal al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, porque compraron 2.800 kilos de canela, por un valor de 39 millones de pesos, pero tampoco llegó a las escuelas. Por su parte, en el Magdalena y Amazonas, están siendo investigados, por parte de la Contraloría, funcionarios que ocasionaron irregularidades en dicho programa de alimentación por al menos 3297 millones de pesos.
